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Instituciones del Estado se unen para brindar atención integral a víctimas de trata y explotación sexual

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En el marco de la Ley Nº 4788/12 “Ley integral contra la trata de personas”, instituciones del Estado, convocadas por el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia – MINNA, se reunieron para articular asistencia integral a niños, niñas, adolescentes y sus familias, que han retornado del exterior del país, en el marco de la situación vivida por la pandemia de la COVID-19, y han sido certificados como víctimas de trata de personas por el Ministerio Público.

La ministra de la Niñez y la Adolescencia, Teresa Martínez, puntualizó que, “tenemos que tomar las medidas correctivas sobre este tema. Se hizo un relevamiento técnico de cuáles son las situaciones que se han detectado al hacer el análisis socio ambiental y psicosocial de las niñas, niños, adolescentes y sus familias, y siguiendo la ruta que nos impone la Ley, de cuáles son las medidas que hay que adoptar antes que sean restituidos a sus familias. La situación de la pandemia fue una situación particularmente especial, que imponía otro protocolo, distinto de lo que se tiene que imponer en los casos de víctimas de trata, pero nos preocupa enormemente la apertura de las fronteras y que nuevamente están empezando a retornar, y nuevamente están las personas en ese proceso de captación; hay que adoptar las medidas de protección a los efectos de que no vuelvan a caer víctimas de estas redes de trata”.

La ministra hizo énfasis en la articulación interinstitucional para tener una propuesta integral que facilite el proceso de desarrollo social de las víctimas de trata, “articular con todos los que estamos acá, nuestras habilidades en los procesos de atención a las víctimas, es fundamental, porque la propuesta es armar un proyecto interinstitucional en el que todos intervengamos a los efectos de erradicar los factores de vulnerabilidad que existen, previos a que una persona sea víctima de trata, por una parte y una vez que cayeron víctimas, esos factores seguirán si nosotros no abordamos esos factores de vulnerabilidad que son esencialmente sociales. El factor de la pobreza es uno de ellos, por eso también hemos convocado al Ministerio de Agricultura, a la Secretaría de Turismo, al Ministerio de Salud, que pueden intervenir a los efectos de ir modificando los factores de vulnerabilidad que existen”.

Por su parte el ministro Juan Ignacio Livieres, director general de Asuntos Consulares del MRREE, sostuvo que “el trabajo que estamos realizando desde la coordinación nacional ha dado un decidido paso adelante en el decreto para la aprobación del Programa Nacional de Atención a Víctimas de Trata, que contempla varias líneas de acción interinstitucional en materia de lucha y protección. Debería decir que este es un trabajo que hacemos todos, muy de cerca con el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia y el Ministerio de Salud, de manera que se pueda crear toda esa sinergia que sirva para tratar de prevenir este delito; es un trabajo a largo plazo y requiere mucho compromiso personal de todos los representantes de las instituciones, que conforman este grupo de trabajo”.

El defensor adjunto, Edgar Ríos manifestó que, “desde el inicio de la pandemia estuvimos trabajando coordinadamente con el MINNA, a fin de acompañar todos estos casos y hemos intervenido prácticamente en la totalidad de los casos; en este orden creamos un protocolo interno de acompañamiento con posterioridad a nuestra intervención judicial, incluso de 3 a 4 meses, para controlar y verificar que el lugar donde fue reinsertado el niño o adolescente sigan en las mismas condiciones. Todo esto se realizó previo estudio socio ambiental, que se hizo en conjunto con el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia. Como experiencia nos sirvió para prevenir la reincidencia de los casos y estamos también trabajando a fin de adaptar, porque el protocolo que habíamos hecho era exclusivo por el tema de la pandemia: cómo íbamos a trabajar en los albergues de la CODENA, como íbamos a intervenir, y cómo hacer esos seguimientos; pero estamos en el proceso de adaptar para que sea de manera permanente. Como institución queremos dejar un protocolo de actuación que sirva en adelante para esa prevención de reincidir y no caigan nuevamente en manos de personas que le pusieron en esta situación”.

El viceministro de Protección Integral de Derechos del MINNA, Eduardo Escobar Said, expresó con respecto al proyecto interinstitucional que, “solamente con este tipo de acciones transversales desde el Estado vamos a conseguir generar esa capacidad de resiliencia a las víctimas de trata; a las niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad, por eso tenemos que poner nuestro mayor esfuerzo, con una mirada humanista, de manera que las víctimas puedan desarrollar un plan de vida luego de haber sufrido esta vulneración, y lograr esa protección integral con respecto al resto de su etapa de desarrollo”.

Desde el inicio de la cuarentena obligatoria en marzo pasado y hasta julio, han retornado al país 123 niñas, niños y adolescentes no acompañados, con indicadores de situación de explotación en Brasil, la mayoría proveniente de San Pablo; de ellos, 68 adolescentes están certificadas como víctimas de trata de personas por el Ministerio Público; los demás continúan con el proceso de investigación.

Finalmente la ministra, Teresa Martínez explicó que, “tuvimos adolescentes que han retornado embarazadas y que han dado a luz estando en los albergues, entonces podemos decir que tenemos como una situación completa y compleja que ya tenemos que ir abordando desde las distintas instancias para que esto se puede revertir realmente, de lo contrario es más de lo mismo: se recepciona la denuncia, se condena a los responsables, pero las víctimas quedan ahí en las mismas condiciones. Son instrucciones del gobierno, que actuemos articuladamente a los efectos de dar respuesta efectiva a estás víctimas que están retornando al país”.

Las instituciones trabajarán de forma trasversal en su ámbito de competencia, con el objetivo de brindar a niñas, niños, adolescentes y sus familias, un desarrollo integral que facilite el proceso de reinserción social, y acompañamiento para no volver a caer en las redes de trata.

Sobre la Ley Nº 4788/12 “Ley integral contra la trata de personas”
Art.1- La presente Ley tiene por objeto prevenir y sancionar la trata de personas en cualquiera de sus manifestaciones, perpetrada en el territorio nacional y en el extranjero. Es también su objeto el proteger y asistir a las víctimas, fortaleciendo la acción estatal contra este hecho punible.

Participaron en la reunión, la ministra, Teresa Martínez; Eduardo Escobar, viceministro de Protección Integral de Derechos del MINNA; Edgar Ríos, defensor adjunto del Ministerio de la Defensa Pública; ministro Juan Ignacio Livieres, director general de Asuntos Consulares del MRREE, representantes del Ministerio de la Mujer, Ministerio de Salud, SENATUR, MAG, Ministerio de Relaciones Exteriores, MEC, Secretaría Nacional de Repatriados, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, además de técnicos de la Dirección General de Asuntos Internacionales del MINNA.
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Fiscalía busca el dispositivo para abrir la misteriosa bóveda hallada en la mansión de Santiago Peña

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El Ministerio Público aguarda un equipo especializado para acceder a la estructura de seguridad encontrada durante un procedimiento en San Bernardino. Los investigadores no descartan nuevas diligencias, aunque por ahora no prevén allanar la residencia particular del exmandatario.

La bóveda, ubicada detrás de una pared secreta, tendría un sistema de alta tecnología con puertas de acero y mecanismos biométricos, como el reconocimiento del iris. Debido a su complejidad, los fiscales decidieron lacrar la propiedad y reunir información sobre su funcionamiento antes de intentar abrirla.

La fiscala coordinadora, Silvia González, afirmó que las diligencias son urgentes y que el equipo trabaja para avanzar con la investigación. Durante el allanamiento del domingo solamente se pudieron recoger documentos generales que podrían aportar datos relevantes a la causa.

Por otra parte, González aclaró que la vivienda particular de Peña no fue allanada, sino que se realizó una constitución para ejecutar una orden de detención ante un posible riesgo de fuga. El Ministerio Público descartó, hasta el momento, convocar al exmandatario para un eventual reconocimiento de iris, aunque no se descarta la posibilidad de llevar a la ex primera dama hasta la propiedad.

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Ueno Holding habría lavado unos 4 millones de dólares de Sebastián Marset

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La acusación del caso A Ultranza Py describe operaciones financieras por entre USD 3,8 y 4,1 millones realizadas a través de empresas del Grupo Vázquez. Según el Ministerio Público, Alberto Koube habría utilizado préstamos, contratos de inversión y certificados de depósito para dar apariencia legal a fondos provenientes del narcotráfico.

La acusación fiscal del operativo A Ultranza Py detalla una serie de movimientos financieros realizados entre noviembre y diciembre de 2021, mediante los cuales Alberto Koube, señalado como operador de Sebastián Marset, habría introducido dinero de origen ilícito al sistema financiero. Las operaciones involucraron a Credicentro, IOIO Saeca y ueno Holding, empresas vinculadas al Grupo Vázquez. Según la Fiscalía, se utilizaron supuestos préstamos y contratos de inversión para justificar el origen de los fondos y simular operaciones comerciales legítimas.

Uno de los movimientos más importantes ocurrió el 28 de diciembre de 2021, cuando Koube habría gestionado dos préstamos de ueno Holding por USD 1.015.197 y USD 1.523.627, que posteriormente fueron colocados en Credicentro mediante contratos de inversión a nombre de Are Inversiones SA. Ese mismo día también se registró un certificado de depósito de ahorro por G. 1.300 millones a nombre de María Noelia Colmán, pareja del empresario. Previamente, el 11 de noviembre, se había realizado otra inversión superior a G. 10.000 millones en IOIO Saeca, respaldada, según la acusación, por un supuesto préstamo de Financiera El Comercio.

El Ministerio Público sostiene que estas operaciones respondían a instrucciones vinculadas a Marset, quien se encontraba detenido en Dubái, y buscaban dar apariencia de legalidad a ganancias del tráfico internacional de cocaína. Por estos hechos, Koube fue condenado a seis años de prisión en el marco de A Ultranza Py. La investigación también menciona una operación comercial entre el empresario y Miguel Vázquez, relacionada con la compra de una embarcación de lujo, cuya adquisición fue comunicada al Ministerio Público días después de la ejecución del operativo.

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Zenaida Delgado renuncia al Senado en medio del escándalo por presuntos cobros ilegales

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La legisladora colorada presentó su renuncia tras las denuncias sobre un supuesto esquema de cobros por cargos en el Congreso. En su carta, alegó motivos personales y familiares y negó que su decisión implique admitir las irregularidades que se le atribuyen.

Zenaida Delgado comunicó su renuncia a la Cámara de Senadores mediante una nota dirigida al presidente del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez. La decisión se produjo en medio de la polémica por las acusaciones de un presunto sistema de cobros ilegales, conocido como “peaje salarial”, que habría exigido dinero a funcionarios para acceder a puestos de trabajo en el Poder Legislativo.

En su carta, la ahora exsenadora sostuvo que la exposición pública de los últimos días afectó a su entorno y que busca priorizar el bienestar y la tranquilidad de su familia. Además, aclaró que su renuncia “no constituye reconocimiento ni admisión de las conductas irregulares” que se le atribuyen y afirmó que mantiene su derecho a ejercer su defensa.

Las denuncias contra Delgado incluyen supuestas exigencias de dinero a cambio de cargos dentro del Congreso. Las funcionarias denunciantes habrían presentado como pruebas conversaciones y comprobantes de transferencias bancarias. En su despedida, la legisladora también agradeció a la ciudadanía por la confianza depositada en ella y a los parlamentarios que defendieron su derecho a ser escuchada y a ejercer su defensa.

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