Spotify emitió este lunes una nota a la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (Dinapi) en la cual insta al Gobierno a “evitar precipitarse” con un proyecto de ley que establecería una obligación de pago adicional que los servicios de streaming tendrían que realizar.
La plataforma de música digital Spotify emitió este lunes una nota a Joel Talavera, director de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (Dinapi), en la cual reiteró su preocupación expresada anteriormente en su carta del 15 de diciembre del año pasado.
En aquella ocasión, mostró cómo el proyecto de ley D/68191/22 crearía una obligación de pago insostenible para los servicios de streaming de música como Spotify.
El documento, firmado por Duster Jenkins, la jefa Global de Asuntos Públicos de Spotify, señaló que recientemente le ha llamado la atención que la Cámara de Diputados está considerando un nuevo proyecto de ley que adoptaría un mecanismo similar, el proyecto de Ley D/72213/23. Expresa que Spotify sigue teniendo las mismas preocupaciones con esta nueva propuesta.
Explicó que al igual que al igual que con la propuesta anterior, este proyecto de ley establecería una obligación de pago adicional que los servicios de streaming tendrían que realizar a la organización de gestión colectivas de artistas intérpretes o ejecutantes de música de Paraguay, sin ningún mecanismo para contrarrestar ese monto de los costos de adquisición de licencias existentes.
Afirmó que la nueva propuesta no resuelve las muchas cuestiones graves planteadas por este modelo, ni considera suficientemente el potencial impacto en los servicios streaming y ni el de otros actores en el mercado de la música, incluido el de los propios artistas.
Mencionó que Spotify sigue firmemente comprometido con el éxito del mercado de la música y con hacer pagos justos para adquirir las licencias de música necesarias para su servicio.
Sin embargo, como expuso anteriormente, la plataforma de música digital paga casi el 70% de los ingresos de su música a los titulares de los derechos, incluidos los sellos discográficos, editores y sociedades de gestión colectiva, y “todavía no es una entidad rentable en Paraguay”.
“Instamos al Gobierno a que evite precipitarse en una legislación que pondría en riesgo nuestra presencia continuada en el mercado, en detrimento de los artistas y de los fanáticos de la música paraguayos por igual”, expresa parte del comunicado.
El proyecto pretende modificar el artículo 123 de la ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos (N° 1328/98) y establecer una tarifa adicional de 10% a la plataforma, además de lo que ya paga a los artistas por sus reproducciones, y al Ministerio de Hacienda en concepto de impuesto.