El Ministerio Público aguarda un equipo especializado para acceder a la estructura de seguridad encontrada durante un procedimiento en San Bernardino. Los investigadores no descartan nuevas diligencias, aunque por ahora no prevén allanar la residencia particular del exmandatario.

La bóveda, ubicada detrás de una pared secreta, tendría un sistema de alta tecnología con puertas de acero y mecanismos biométricos, como el reconocimiento del iris. Debido a su complejidad, los fiscales decidieron lacrar la propiedad y reunir información sobre su funcionamiento antes de intentar abrirla.

La fiscala coordinadora, Silvia González, afirmó que las diligencias son urgentes y que el equipo trabaja para avanzar con la investigación. Durante el allanamiento del domingo solamente se pudieron recoger documentos generales que podrían aportar datos relevantes a la causa.

Por otra parte, González aclaró que la vivienda particular de Peña no fue allanada, sino que se realizó una constitución para ejecutar una orden de detención ante un posible riesgo de fuga. El Ministerio Público descartó, hasta el momento, convocar al exmandatario para un eventual reconocimiento de iris, aunque no se descarta la posibilidad de llevar a la ex primera dama hasta la propiedad.

La acusación del caso A Ultranza Py describe operaciones financieras por entre USD 3,8 y 4,1 millones realizadas a través de empresas del Grupo Vázquez. Según el Ministerio Público, Alberto Koube habría utilizado préstamos, contratos de inversión y certificados de depósito para dar apariencia legal a fondos provenientes del narcotráfico.

La acusación fiscal del operativo A Ultranza Py detalla una serie de movimientos financieros realizados entre noviembre y diciembre de 2021, mediante los cuales Alberto Koube, señalado como operador de Sebastián Marset, habría introducido dinero de origen ilícito al sistema financiero. Las operaciones involucraron a Credicentro, IOIO Saeca y ueno Holding, empresas vinculadas al Grupo Vázquez. Según la Fiscalía, se utilizaron supuestos préstamos y contratos de inversión para justificar el origen de los fondos y simular operaciones comerciales legítimas.

Uno de los movimientos más importantes ocurrió el 28 de diciembre de 2021, cuando Koube habría gestionado dos préstamos de ueno Holding por USD 1.015.197 y USD 1.523.627, que posteriormente fueron colocados en Credicentro mediante contratos de inversión a nombre de Are Inversiones SA. Ese mismo día también se registró un certificado de depósito de ahorro por G. 1.300 millones a nombre de María Noelia Colmán, pareja del empresario. Previamente, el 11 de noviembre, se había realizado otra inversión superior a G. 10.000 millones en IOIO Saeca, respaldada, según la acusación, por un supuesto préstamo de Financiera El Comercio.

El Ministerio Público sostiene que estas operaciones respondían a instrucciones vinculadas a Marset, quien se encontraba detenido en Dubái, y buscaban dar apariencia de legalidad a ganancias del tráfico internacional de cocaína. Por estos hechos, Koube fue condenado a seis años de prisión en el marco de A Ultranza Py. La investigación también menciona una operación comercial entre el empresario y Miguel Vázquez, relacionada con la compra de una embarcación de lujo, cuya adquisición fue comunicada al Ministerio Público días después de la ejecución del operativo.

La legisladora colorada presentó su renuncia tras las denuncias sobre un supuesto esquema de cobros por cargos en el Congreso. En su carta, alegó motivos personales y familiares y negó que su decisión implique admitir las irregularidades que se le atribuyen.

Zenaida Delgado comunicó su renuncia a la Cámara de Senadores mediante una nota dirigida al presidente del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez. La decisión se produjo en medio de la polémica por las acusaciones de un presunto sistema de cobros ilegales, conocido como “peaje salarial”, que habría exigido dinero a funcionarios para acceder a puestos de trabajo en el Poder Legislativo.

En su carta, la ahora exsenadora sostuvo que la exposición pública de los últimos días afectó a su entorno y que busca priorizar el bienestar y la tranquilidad de su familia. Además, aclaró que su renuncia “no constituye reconocimiento ni admisión de las conductas irregulares” que se le atribuyen y afirmó que mantiene su derecho a ejercer su defensa.

Las denuncias contra Delgado incluyen supuestas exigencias de dinero a cambio de cargos dentro del Congreso. Las funcionarias denunciantes habrían presentado como pruebas conversaciones y comprobantes de transferencias bancarias. En su despedida, la legisladora también agradeció a la ciudadanía por la confianza depositada en ella y a los parlamentarios que defendieron su derecho a ser escuchada y a ejercer su defensa.