Los periodistas Maria Ressa y Dmitry Muratov fueron condecorados con el Premio Nobel de la Paz por sus “esfuerzos para salvaguardar la libertad de expresión” en Filipinas y Rusia.
Ressa y Muratov fueron galardonados “por sus esfuerzos para salvaguardar la libertad de expresión, que es una condición previa para la democracia y la paz duradera”, dijo la presidenta del comité Nobel, Berit Reiss-Andersen, en Oslo.
El jurado ha reconocido sus “luchas valientes” tanto en Filipinas como en Rusia, pero también los describió como un ejemplo de los periodistas que trabajan en “condiciones cada vez más adversas”.
“Sin libertad de expresión ni de prensa, será difícil promover la fraternidad entre naciones, el desarme y un mejor orden mundial”, añadió.
Ambos representan a dos medios especialmente señalados en sus respectivos países, ya que Ressa participó en 2012 en la fundación del portal Rappler, crítico con el Gobierno de Rodrigo Duterte y con actuaciones como su “guerra contra las drogas”, investigada por la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional (TPI).
“El número de muertes (en estas operaciones policiales) es tan alta que la campaña parece una guerra contra la propia población del país”, apuntó el jurado en sus conclusiones, en las que describió a Ressa como “una incansable defensora de la libertad de expresión”. No en vano, hay varias causas abiertas tanto contra ella como contra su medio.
Muratov, por su parte, lanzó en 1993 Novaya Gazeta, un periódico independiente que perdió a lo largo de su historia a seis de sus periodistas, asesinados. Una de estas víctimas fue Anna Politkóvskaya, de cuya muerte se cumplieron precisamente este jueves 15 años.
Novaya Gazeta es “el periódico más independiente de Rusia”, “con una actitud crítica con el poder”, como reconoce el jurado, que alaba la “integridad profesional” de su redacción y su capacidad para hacerse eco de historias que de otra forma no saldrían publicadas, por ejemplo relativas a casos de corrupción, de violencia policial o de fraude electoral.
El Comité Noruego del Nobel recalcó que “un periodismo libre, independiente y basado en hechos sirve como protección frente a los abusos del poder, las mentiras y la propaganda”, algo que ha querido reconocer en las figuras de Ressa y Muratov.
Muratov dedicó el premio a su periódico Novaya Gazeta y Ressa dijo que “nada es posible sin hechos”
Dimitry Muratov, jefe de redacción del principal periódico independiente ruso, Novaya Gazeta, dedicó su premio Nobel de la Paz a su medio y a sus seis periodistas y colaboradores que fueron asesinados desde 2000.
“No puedo atribuirme el mérito. Es de Novaya Gazeta. Es de los que murieron defendiendo el derecho de la gente a la libertad de expresión”, dijo Muratov enumerando los nombres de las seis personas asesinadas, entre ellas Anna Politkovskaya, según informó la agencia rusa TASS.
En tanto, Maria Ressa dijo que su premio demuestra que “nada es posible sin hechos”.
“Un mundo sin hechos significa un mundo sin verdad y sin confianza”, dijo Ressa en una entrevista online retransmitida por su medio Rappler.
Raúl Vera Bogado fue elegido por el presidente Santiago Peña para volver a encabezar el Banco Central del Paraguay, pese a que en 2022 recibió una multa de la propia institución por incumplimientos durante su gestión al frente del Banco Regional. También presidió el ente durante la crisis bancaria de 2002.
Santiago Peña anunció el pedido de acuerdo constitucional para designar a Raúl Vera Bogado como presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), junto con Pedro Acosta y Édsel González como nuevos directores. La nominación se produce en medio de la crisis financiera vinculada a Ueno Bank y genera cuestionamientos por los antecedentes del candidato, quien ya estuvo al frente de la banca matriz a comienzos de los años 2000.
En 2022, Vera Bogado recibió una sanción del BCP equivalente a 275 salarios mínimos, unos G. 630 millones en ese momento, por incumplimientos relacionados con la clasificación de activos, los riesgos crediticios, las previsiones y el tratamiento de intereses durante su gestión como presidente del Banco Regional. La entidad reconoció entonces la existencia de una falta y manifestó su compromiso de cumplir las medidas exigidas por el regulador.
Vera Bogado también presidió el BCP durante la crisis bancaria de 2002, cuando la institución dispuso la liquidación del Banco Alemán. Posteriormente, el Ministerio Público investigó la actuación de integrantes del directorio por presuntas omisiones ante la captación irregular de inversiones vinculadas al Trade & Commerce Bank, de Islas Caimán, aunque el caso no derivó en condenas penales contra él. Además, durante su paso por el servicio diplomático en Bélgica, su remuneración generó cuestionamientos por corresponder a la categoría de embajador sin contar entonces con la aprobación del Senado.
La legisladora colorada presentó su renuncia tras las denuncias sobre un supuesto esquema de cobros por cargos en el Congreso. En su carta, alegó motivos personales y familiares y negó que su decisión implique admitir las irregularidades que se le atribuyen.
Zenaida Delgado comunicó su renuncia a la Cámara de Senadores mediante una nota dirigida al presidente del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez. La decisión se produjo en medio de la polémica por las acusaciones de un presunto sistema de cobros ilegales, conocido como “peaje salarial”, que habría exigido dinero a funcionarios para acceder a puestos de trabajo en el Poder Legislativo.
En su carta, la ahora exsenadora sostuvo que la exposición pública de los últimos días afectó a su entorno y que busca priorizar el bienestar y la tranquilidad de su familia. Además, aclaró que su renuncia “no constituye reconocimiento ni admisión de las conductas irregulares” que se le atribuyen y afirmó que mantiene su derecho a ejercer su defensa.
Las denuncias contra Delgado incluyen supuestas exigencias de dinero a cambio de cargos dentro del Congreso. Las funcionarias denunciantes habrían presentado como pruebas conversaciones y comprobantes de transferencias bancarias. En su despedida, la legisladora también agradeció a la ciudadanía por la confianza depositada en ella y a los parlamentarios que defendieron su derecho a ser escuchada y a ejercer su defensa.
La institución educativa de Rosario, Argentina, tomó la medida luego de que circularan imágenes de estudiantes sin su consentimiento. Las autoridades investigan si parte del material fue manipulado con inteligencia artificial y activaron protocolos de protección para las afectadas.
El Colegio Verbo Encarnado, ubicado en la ciudad argentina de Rosario, prohibió el uso de celulares entre sus estudiantes de secundaria tras descubrir que fotografías íntimas de alumnas estaban circulando sin autorización entre compañeros. Las autoridades también analizan la posibilidad de que algunas imágenes hayan sido alteradas mediante inteligencia artificial para crear falsos desnudos, conocidos como deepfakes. A raíz de las acusaciones, un grupo de alumnos señalados dejó de asistir a clases, mientras la institución y el Ministerio de Educación de Santa Fe coordinan reuniones con sus familias.
Ante la gravedad del caso, el colegio emitió un comunicado en el que advirtió que la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento y su posible manipulación con IA no pueden considerarse simples bromas entre adolescentes. Además, pidió a las familias evitar tomar represalias por cuenta propia y anunció que los teléfonos deberán permanecer guardados en casilleros durante toda la jornada escolar. La institución también activó el protocolo de la ley Ema, que establece medidas de prevención y acompañamiento ante situaciones de violencia digital en el ámbito educativo.
El episodio se suma a otras denuncias similares registradas en Argentina, donde estudiantes fueron acusados de utilizar inteligencia artificial para generar imágenes falsas de compañeras desnudas. En uno de los casos, ocurrido en Lomas de Zamora, dos adolescentes de 15 años fueron imputados por presuntamente crear y comercializar imágenes de al menos 45 alumnas. Estas situaciones reavivaron el debate sobre la violencia digital y la necesidad de reforzar la protección de menores frente al uso indebido de nuevas tecnologías.