Nos dirigimos a la opinión pública en relación a la reciente Medida Cautelar otorgada por la Corte Suprema de Justicia, en el marco de la Acción de Inconstitucionalidad presentada por la Cámara de Distribuidoras Paraguayas de Combustibles “CADIPAC” conformada por los emblemas ENEX, GASUR, COPEG, GAS CORONA, 3MG, INTEGRAL TRADING, FUELPAR, según consta en el A.I. N° 252 por la cual se hace lugar a la suspensión de los efectos del Art. 10, inciso a) de la Ordenanza Municipal N° 7/11 “Que sustituye las Ordenanzas N° 50/92, 117/99, 06/02 y 71/03 sobre la provisión, manipuleo, almacenamiento de combustibles, líquidos y gaseosos, así como el funcionamiento de los locales, destinados a su comercialización y actividades afines” para expresar nuestra oposición y manifestar nuestra preocupación en relación a los impactos que la misma tendrá en particular en la ciudad de Asunción.

A su vez, en el mismo sentido, CADIPAC ya previamente ha sido beneficiada con el A.I. N° 2447 de fecha 03 de diciembre de 2019 por el cual se ha dejado sin efecto los alcances de la resolución N° 435/19 del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible “MADES” que establece normas para la instalación de estaciones de servicio.

En el marco de dichas acciones de inconstitucionalidad y sobre todo a través de las Medidas Cautelares previamente citadas, los Ministros de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia Antonio Fretes, Gladys Bareiro de Módica y César Diesel (este último con voto de disidencia) han resuelto dejar sin efecto normas técnicas de esenciales que regulan el ordenamiento territorial y protegen el medioambiente, las facultades que le son dadas a la Municipalidad de Asunción y al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible justamente en atención a que estas instituciones cuentan con los argumentos técnicos que dan fundamento a las normativas hoy dejadas sin efecto, bajo el argumento de la libre competencia comercial planteada por “CADIPAC”.

Es decir, actualmente los intereses comerciales de particulares pueden ser utilizados para dejar sin efecto legislaciones emanadas por entidades de derecho público cuya finalidad es justamente precautelar el ordenamiento territorial y el cumplimiento de normas de conservación del medioambiente.

Al respecto deseamos expresar nuestra posición y manifestar nuestra enorme preocupación en relación a los impactos que estas medidas tendrán en particular en la ciudad de Asunción y en toda la República del Paraguay.

– A los Concejales Municipales de la Ciudad de Asunción, la medida cautelar otorgada por la Corte Suprema de Justicia a todas luces atenta en contra de la autonomía municipal y genera un caos en el ordenamiento territorial dela ciudad de Asunción al dejar sin efecto una parte esencial de la ordenanza que evita la existencia de estaciones de servicios una al lado de la otra. Como representantes de los ciudadanos de Asunción, los concejales tienen la obligación de oponerse a este tipo de intervenciones dado que las mismas no tienen fundamentos urbanísticos alguno, debiendo legislar en forma inmediata una nueva ordenanza que precautele los derechos de los ciudadanos de Asunción.

– Al Intendente Municipal de Asunción, si en verdad es coherente con su slogan “Asunción en orden”, promueva y promulgue una nueva ordenanza municipal que debe legislar a la Junta Municipal de Asunción y salga en favor de la ciudadanía, no de los intereses de ciertos grupos de empresas. Demuestre que representa a los ciudadanos de nuestra ciudad defendiendo los legítimos derechos que los mismos tienen y que no pueden ser avallados. Nos llama la atención que hasta hoy no nos haya recibido en audiencia ante un tema tan sensible que afecta la seguridad de los vecinos de la ciudad y que tendrá un impacto negativo enorme en el ordenamiento territorial de la Ciudad de Asunción.

– Al Ministerio de Industria y Comercio (MIC), deben recurrir a las máximas instancias judiciales en el Paraguay para garantizar las reglas del juego del sector que ustedes regulan y evitar que nuevas empresas impongan sus intereses y sometan las leyes de la República para debilitar comercialmente a las empresas que desde hace muchos años vienen compitiendo y crecieron respetando el marco legal existente. El Gobierno está para garantizar que nadie se valga de superpoderes para tomar posiciones de privilegio.

– Al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), el Acuífero Patiño y el Acuífero Guaraní deben ser defendidos. Es la mayor riqueza del Paraguay y hoy la misma ya podría presentar síntomas que alertan la posibilidad de contaminación por filtraciones. El patrimonio natural de los paraguayos y de las futuras generaciones debe ser protegido. El señor Ministro del Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Sr. Ariel Oviedo tiene la obligación de recurrir legalmente a las medidas cautelar que cercena las facultades regulatorias del ministerio a su cargo. Nos sorprende como gremio APESA, que no haya contestado nuestra solicitud de audiencia, ni se haya molestado en entender como afecta al medioambiente y cuál es el impacto que tendrá en las futuras generaciones de paraguayos.

– A los urbanistas, estudiantes de urbanismo y arquitectura, y a las organizaciones ambientales de la sociedad civil, las medidas cautelares otorgadas por la Corte Suprema de Justicia permiten la construcción indiscriminada de estaciones de servicios sin ningún tipo de control y análisis de su necesidad, sin facultades de control de control respecto a sus ubicaciones, distancias, vecindarios en el que se puedan ubicar, así como precautelar la seguridad de los ciudadanos. Al mismo tiempo la protección de los patrimonios culturales de nuestro país. Todo esto sin que exista un análisis de las cuestiones de fondo planteadas por la parte accionante, es decir, no tenemos evidencia de que las entidades cuyas legislaciones han sido dejadas sin efecto, hayan tenido la oportunidad de brindar los argumentos técnicos que sostienen las normas afectadas. Como sector responsable, les advertimos lo que debe ser una bandera de reivindicación ciudadana y medioambiental que afecta a nuestro sector, pero del cual no vamos a ser cómplices.

– A los ciudadanos y ciudadanas. Esta acción de la CSJ permite que al lado de su casa se construya una estación de servicios sin ninguna consideración de seguridad, ordenamiento y regulación urbana ni medioambiental. Como ciudadanos y ciudadanas no deben permitir que arbitrariedades como esta, ponga en riesgo a sus familias, a ustedes mismos y a su patrimonio.

Finalmente, Asunción y Paraguay ostentan el récord de estaciones de servicios por automóvil en la región y quizás en el mundo. Hacemos responsables a las autoridades del Poder Judicial, de la Municipalidad de Asunción, del MIC y del MADES del caos que posibilitan con su acción o inacción en la ciudad de Asunción.