Luis Benítez Aguilar, consultor en ciberseguridad, explica que los bancos ejecutan sus sistemas centrales en infraestructura propia y que los servicios tecnológicos que ITTI presta a otras empresas son distintos de las operaciones bancarias.
“La situación de ITTI no significa que los bancos que utilizan su software vayan a dejar de funcionar. Las entidades financieras cuentan con infraestructura tecnológica propia, donde ejecutan sus sistemas de gestión bancaria y administran sus operaciones. Por eso, una eventual interrupción de la infraestructura de la empresa proveedora no implica automáticamente una caída de los sistemas de los bancos”. Así lo explicó Luis Benítez Aguilar, consultor en ciberseguridad con 30 años de trayectoria en el ámbito tecnológico.
El especialista señaló que es importante diferenciar el software bancario que ITTI licencia a algunas entidades de los servicios tecnológicos y de pago que la empresa ofrece a otras organizaciones. Cada banco tiene sus propios recursos para operar y gestionar sus transferencias a través del Sistema de Pagos del Paraguay (SIPAP). Por lo tanto, no corresponde confundir una posible afectación de servicios contratados por empresas u organismos con una interrupción general del sistema bancario.
Benítez explicó que el software utilizado por las entidades financieras funciona sobre la infraestructura de cada banco. Es decir, aunque una entidad tenga la licencia de un programa desarrollado por una empresa externa, eso no significa que sus sistemas estén alojados en los servidores de esa empresa.
Agregó que las soluciones tecnológicas y los servicios de pago que ITTI ofrece a empresas y organismos son diferentes de los sistemas internos con los que los bancos administran sus cuentas y operaciones. Una eventual interrupción de esos servicios podría afectar a las organizaciones que dependen directamente de ellos, pero no debe interpretarse automáticamente como una afectación de las operaciones bancarias.
Según Benítez Aguilar, la independencia de los sistemas de cada entidad permite que los bancos continúen operando sin depender de la infraestructura de la empresa proveedora.

El propietario de Ueno Bank firmó en mayo de 2024 un contrato para adquirir una lujosa unidad en el complejo St. Regis Residences, ubicado frente al mar en Sunny Isles. Según documentos del Grupo Vázquez, la operación alcanzaría los US$ 9,9 millones.

La propiedad está situada en el piso 50 de una torre todavía en construcción y cuenta con cuatro dormitorios, amplias terrazas y vistas al océano. Entre las comodidades previstas para el condominio figuran playa privada, piscinas, spa, gimnasio, restaurantes y servicio de valet parking para tres vehículos. Su entrega estaba proyectada para 2028.

Los registros señalan que Vázquez ya habría desembolsado cerca de US$ 4 millones en distintos pagos y que aún quedaban cuotas pendientes, además de un saldo a cancelar al cierre de la operación. La compra se concretó mientras el Gobierno de Santiago Peña llevaba menos de un año en el poder y antes de que el BCP autorizara la fusión de Ueno Bank con Visión Banco.

La Fiscalía logró acceder a la habitación de seguridad luego de que el expresidente indicara, a través de su abogado, dónde estaba la llave. Según los primeros datos, el espacio estaba vacío y no había dinero ni objetos de valor.

La fiscala Silvia González explicó que la bóveda funcionaría como una habitación de pánico, de acuerdo con la versión de la defensa. El acceso había quedado pendiente desde el allanamiento del domingo 8 de noviembre, cuando los investigadores no pudieron superar el segundo mecanismo de seguridad. Tras la apertura, la residencia pasó a manos de la Senabico.

En paralelo, volvió a cobrar relevancia el financiamiento de la propiedad, cuya construcción habría costado unos G. 7.700 millones. En mayo de 2024, Peña habría recibido dos préstamos de Ueno Bank por G. 3.548 millones, con cuotas mensuales de G. 239 millones, equivalentes a seis veces el salario presidencial. El exmandatario cumple prisión preventiva mientras es investigado por presuntos hechos de lesión de confianza y administración en provecho propio.