Hace unos días, los abogados de la cantante Shakira acudieron a la Fiscalía para desistir en alcanzar un posible acuerdo tras semanas de negociación para que se le redujese la condena. La artista aseguró que su proceso judicial por defraudar 14,5 millones de euros a Hacienda al no presentar la liquidación del IRPF y del Impuesto de Patrimonio de 2012, 2013 y 2014 era un “un total atropello” a sus derechos, “ya que siempre ha demostrado una conducta impecable, como persona y contribuyente y una plena disposición de solventar cualquier diferencia desde el primer momento”.
Sin embargo, la respuesta de la Fiscalía ha sido contundente y en su escrito de calificación pide 8 años de cárcel para Shakira y casi 24 millones de euros de multa por estos cuatro delitos contra la Hacienda Pública. Por eso, deberá sentarse en el banquillo en un juicio que se celebrará en los próximos meses en Barcelona y en el que la cantante deberá demostrar que “desde hace muchos años no existe ninguna deuda pendiente” con la Agencia Tributaria, como indicó en un comunicado hace unos días, ya que al poco de iniciarse el proceso penal en 2018 pagó 17,2 millones que le reclamaban.
La Fiscalía mantiene que presuntamente la cantante colombiana no presentó la liquidación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) e Impuesto de Patrimonio (IP) correspondientes a 2012, 2013 y 2014, lo que provocó un perjuicio económico a Hacienda de 12,3 millones por el IRPF y 2,19 millones por el impuesto de patrimonio a la Agència Tributària de Catalunya.
La acusación considera que la cantante debía tributar en territorio español ya que residía en el país más de los seis meses mínimos que establece la legislación aunque la artista aseguraba que no era así, pese a que era cuando inició su relación con el jugador del FC Barcelona Gerard Piqué, y que pagaba impuestos por los ingresos de su actividad profesional en Bahamas ya que tenía su residencia oficial.
Para argumentan esta presencia de la cantante colombiana en España se rastreó sus redes sociales, facturas o uso de tarjetas de crédito. Además, el Juzgado de Instrucción 2 de Esplugues, que investigó la querella de la Fiscalía, concluye que en mayo de 2012 Shakira se compró una casa y empezó a hacerle obras, alquiló un estudio de grabación durante un año y se hizo seguimiento de su embarazo en una clínica de Barcelona.
La Fiscalía considera que supuestamente Shakira eludió el pago de impuestos a Hacienda simulando que no residía en este país y ocultando su renta a través de un entramado societario con sede en paraísos fiscales, como Islas Vírgenes británicas, las Islas Caimán, Malta, Panamá y Luxemburgo con las que canalizaba los beneficios de su actividad profesional.
Por eso, acusa a la cantante de urdir un “plan” para no pagar ni el IRPF ni el impuesto sobre el patrimonio a la Agencia Tributaria ocultando sus ingresos en estas sociedades en paraísos fiscales.
En pleno proceso de separación con el defensa del Barcelona y mientras se intenta alcanzar un acuerdo sobre los hijos de la pareja, ya que la madre quiere que residan con ella en Miami, la cantante deberá volver a la ciudad para afrontar este juicio que sin duda generará un alto impacto mediático.
Por el momento, Shakira fue clara en afirmar lo que piensa de esta acusación: “La Fiscalía se ha empeñado en recaudar el dinero devengado en mis giras internacionales y en The Voice cuando aún no era residente en España, y han recurrido a medios indebidos para presionar, tal y como lo hacen a diario e injustamente con miles de contribuyentes con fines lucrativos”.
Fuente: El Mundo
