La denuncia presentada contra el intendente de Lambaré, Armando Gómez, nunca tuvo relacionamiento con objetivos electorales, sino que el fin es determinar el destino de los casi G. 11.000 millones cobrados en concepto de impuestos inmobiliarios y que no han aparecido, aseveró el concejal Daniel Molinas.
“El circuito cerrado estuvo apagado desde el sábado a la mañana hasta el lunes a la mañana. Presuntamente se sacaron documentos a través de la Dirección de Tránsito, cuya oficina está en la parte de atrás de la municipalidad”, manifestó Molinas en comunicación con La Unión.
En ese orden, mencionó que, de acuerdo a datos que ha recogido la Fiscalía, serían documentos de tesorería de la Comuna los que fueron retirados de manera clandestina.
El edil subrayó que la denuncia fue presentada ante la Fiscalía contra el intendente lambareño, Armando Gómez, luego de que les fuera entregado un informe del Ministerio de Hacienda en el que se detallaba que la comuna debía cerca de G. 11.000 millones en concepto de catastro.
“Ese es un dinero que ya se cobró y no apareció. Por eso la municipalidad de Lambaré no está pudiendo percibir los fondos de FONACIDE”, criticó Molinas, añadiendo que esta situación ha provocado que la comuna administrativamente se halle en “default”.
Sobre el punto, ratificó que la denuncia contra el intendente Gómez en ningún momento tuvo objetivos electorales, sino que verdaderamente la intención es transparentar y determinar el destino de ese dinero. Esto aclaró tomando en cuenta las palabras del jefe comunal, quien desde un principio ha sostenido que la investigación en su contra tiene como fin evitar su reelección.
El caso
El Ministerio Público allanó ayer el departamento de tesorería de la Municipalidad de Lambaré, a razón de un supuesto millonario monto faltante por parte de la gestión del intendente Armando Gómez. El operativo, liderado por la fiscal Laura Ávalos y que fue una continuación de la indagación iniciada ya el pasado viernes, se llevó adelante para retirar informes de ingresos en concepto de impuestos inmobiliarios y otros, cuyo faltante sería de G. 10.800 millones.
FUENTE: LA UNION
