Hoy se recuerdan 16 años de la liberación de la empresaria María Edith Bordón de Debernardi, quien estuvo 64 días en cautiverio. Se convirtió en la primera persona secuestrada por el grupo político que antecedió a la formación del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).
Sandra Quiñónez ya se desempeñaba como fiscala antisecuestros cuando se produjo el secuestro de Debernardi, que duró 64 días. La mujer fue llevada el 16 de noviembre de 2001, aproximadamente a las 9:15 horas, cuando se disponía a subir a su camioneta Jeep Grand Cherokee, con chapa ABA 890, luego de realizar una caminata en el parque Ñu Guasu de Luque.
“Ese caso escribió la historia de lo que había sido un secuestro en Paraguay, nosotros no sabíamos qué era, buscábamos si podía haberse tratado del robo de su vehículo, donde se puede encontrar y así, con miles de hipótesis hasta que 17 días después le llega una carta al ingeniero Antonio Debernardi (marido de María Edith), en el que decía que ‘nosotros le tenemos a su esposa, que prepare US$ 12 millones y que las exigencias las vamos a dar a conocer en el transcurso de la negociación que se inicia desde este momento’”. En este orden, la agente recordó que mucha gente se mostró incrédula a que hechos como secuestros se puedan producir en nuestro país.
María Edith fue liberada aproximadamente a las 2:30 horas del 19 de febrero del 2002, en inmediaciones de la avenida Santa Teresa, de Asunción. Sobre el punto, Quiñónez relató: “Ella recuerda que uno de los secuestradores se le acerca y le dice ‘hasta aquí te acompaño, tus familiares ya tienen la ubicación y van a venir junto a vos’”. “Le vendaron, le fueron dirigiendo, le hicieron sentar en un lugar y de ahí se retiró la persona que la trajo”, continuó.
La fiscal indicó que la víctima reconoció posteriormente a algunos de sus captores, como por ejemplo “el guardia bueno”, quien era Alcides Oviedo Brítez, “el guardia malo”, que era Anuncio Martí. “Además se acuerda de la persona que bajó al sótano, que era Juan Arrom, quien se identificó como ‘jefe del grupo’ y se encargaba de negociar con la familia”, dijo.
En este orden, manifestó que cuando se realizó el primer pago, se logró captar, mediante imágenes de cámara de seguridad, el momento en que la camioneta fue a recoger el dinero. “Ahí se vio la chapa del vehículo, se pidió un informe sobre eso a la municipalidad, desde donde enviaron que los datos pertenecen a Gilberto Chamil Setrini. A partir de eso, investigamos quién era y descubrimos que hacía unos meses había salido de prisión por el intento de asalto al Banco Nacional de Fomento de Choré”. Sobre el caso de la citada banca estatal ubicada en el Departamento de San Pedro, indicó que también estuvieron implicados Gilberto Lezcano, quien está condenado a 35 años por el secuestro y muerte de Cecilia Cubas; Alcides Osmar Oviedo Brítez (condenado a 18 años de cárcel) y también Lucio Silva, “que está prófugo y ahora pertenece al grupo armado”.
De hecho, aseveró que los mismos que continúan prófugos desde esos años hoy forman parte de las filas del EPP.
La agente afirma que para los secuestradores como los que pertenecieron a este grupo como a los del EPP, sus víctimas “son una mercadería”. “Para nosotros ella (María Edith) es una esposa, una madre, un ser humano; para ellos, no es nada”, aseveró.
Indicó que el ingeniero Debernardi trajo un grupo inglés para negociar con los secuestradores. Finalmente, la familia pagó US$ 1.000.000 por la liberación de la víctima. “Primero comenzaron pidiendo 12 millones de dólares, después bajaron a 7, luego a 5, hasta que quedó en un millón de dólares”, rememoró.
Quiñónez afirmó que, de acuerdo a los datos que había dado María Edith con respecto a la organización del grupo armado, el ingeniero Debernardi avizoraba ya en ese momento que se “la industria del secuestro se instalaría en Paraguay”. En este sentido, manifestó que luego del secuestro y muerte de Cecilia Cubas se sostuvo aún más la teoría de que el grupo recibía apoyo internacional, concretamente de la agrupación autodenominada Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) de Chile, agrupación que hoy día se encuentra extinta.
La precandidata a la intendencia de Asunción, Johanna Ortega, plantea su candidatura como parte de un proceso político que viene construyendo desde hace años. En la primera parte de la conversación, compartió una reflexión personal sobre cómo la maternidad la volvió más humana y más sensible frente a distintas realidades sociales.
Pero su discurso va más allá de lo emocional. Ortega asegura que quiere profundizar su compromiso político y asumir un rol de mayor responsabilidad en la gestión municipal. “Se puede hacer política también en minoría, desde la adversidad”, sostiene.
Uno de los puntos más decisivos de su propuesta es la intención de eliminar a los denominados “planilleros”. Ortega aclara que no se trata de despedir a funcionarios que cumplen funciones reales, sino de desmontar una estructura sostenida por favores políticos. En esa línea, cuestiona el sistema de intercambios que —según afirma— se instaló como modelo de gestión en Asunción y que hoy resulta insostenible tanto en términos financieros como institucionales.
La estructura municipal también está en la mira. Actualmente, la Municipalidad cuenta con 68 direcciones generales; para Ortega, ese número podría reducirse a la mitad sin afectar el funcionamiento. La reorganización, plantea, no solo implicaría eficiencia administrativa, sino también una demostración clara de compromiso con una gestión más transparente y racionalización del gasto.
En materia ambiental, la precandidata apunta a una modernización urgente del sistema de residuos. Considera que la recolección de basura en Asunción sigue operando bajo un esquema arcaico en comparación con ciudades de la región, donde existen contenedores distribuidos estratégicamente, separación de residuos y plantas de reciclaje que, además, generan empleo.
Como ejemplo concreto, menciona que en el Mercado de Abasto se desperdician diariamente alrededor de dos toneladas de residuos orgánicos, material que podría destinarse a un biodigestor para producir gas y abastecer las cocinas del propio mercado.
En el fondo, su crítica apunta a una cultura política que, según sus palabras, naturalizó la precariedad institucional: “Nos acostumbramos a que el municipio no nos dé nada”. Su propuesta, entonces, no solo abarca a la estructura municipal, sino también a la relación histórica entre ciudadanía y gestión pública.
En clave de campaña, Ortega afirma que le gustaría mostrar no solo lo que proyecta hacer, sino también lo que ya ha impulsado. Menciona iniciativas concretas como la iluminación de plazas y la recuperación de una cancha de fútbol abandonada mediante la instalación de iluminación. Subraya que estas acciones se realizaron sin recursos públicos, a partir de gestiones con personas comprometidas con la ciudad. Para ella, estos ejemplos buscan demostrar que es posible generar transformaciones cuando existe voluntad política y compromiso ciudadano.
En el plano institucional, señaló que si supera la encuesta prevista para el 21 y 22 de febrero, solicitará permiso sin goce de sueldo a la Cámara de Diputados para dedicarse exclusivamente a la campaña durante el periodo legal establecido. Según explicó, ejercer un cargo público implica un compromiso ético: si se percibe un salario del Estado, el tiempo debe destinarse plenamente a esa función. Actualmente, realiza actividades de precampaña durante su receso parlamentario.
Ortega también plantea que la disputa por la intendencia no debe leerse únicamente en términos de colores partidarios. Asegura que no se trata simplemente de “sacar al poder” a un sector para reemplazarlo por otro, sino de confrontar un sistema que —según describe— responde a una cúpula a distintos partidos y que prioriza intereses personales por encima del bien común. “Hay que romper esa estructura”, sostiene, marcando una posición que trasciende la lógica tradicional de oficialismo versus oposición.
En el fondo, cuestiona una manera de gestionar que acostumbró a la gente a esperar poco del municipio: “Nos acostumbramos a que el municipio no nos dé nada”. Su propuesta, entonces, no solo interpela a la estructura municipal, sino también a la relación histórica entre ciudadanía y gestión pública.
La Universidad Americana llevará a cabo su Open House en las siguientes fechas: 16, 23, 30 y 31 de enero y el 20, 27 y 28 de febrero, los horarios para días entre semana son a partir de las 18:30 h y sábados a las 10:00 h. Una propuesta pensada para jóvenes que están culminando el colegio y comienzan a definir su futuro universitario.
La actividad permitirá a los futuros estudiantes vivir la experiencia universitaria desde adentro, recorriendo los distintos espacios académicos, conociendo laboratorios, participando de demostraciones prácticas, charlas breves y recorridos guiados por la institución.
Desde la Universidad Americana señalan que el objetivo del Open House es generar un primer acercamiento real a la vida universitaria, brindando a los jóvenes la posibilidad de explorar áreas de interés, dialogar con docentes, conocer la dinámica académica y acceder a información clave para tomar una decisión informada sobre su carrera.
Durante la jornada, los asistentes podrán recorrer las instalaciones, participar de actividades prácticas, conocer las distintas propuestas académicas y recibir orientación por parte del equipo académico e institucional.
La invitación está dirigida a jóvenes de 17 a 20 años que se encuentren finalizando su etapa escolar y deseen explorar opciones antes de elegir una carrera. La participación es libre y gratuita.