La Fiscalía logró acceder a la habitación de seguridad luego de que el expresidente indicara, a través de su abogado, dónde estaba la llave. Según los primeros datos, el espacio estaba vacío y no había dinero ni objetos de valor.

La fiscala Silvia González explicó que la bóveda funcionaría como una habitación de pánico, de acuerdo con la versión de la defensa. El acceso había quedado pendiente desde el allanamiento del domingo 8 de noviembre, cuando los investigadores no pudieron superar el segundo mecanismo de seguridad. Tras la apertura, la residencia pasó a manos de la Senabico.

En paralelo, volvió a cobrar relevancia el financiamiento de la propiedad, cuya construcción habría costado unos G. 7.700 millones. En mayo de 2024, Peña habría recibido dos préstamos de Ueno Bank por G. 3.548 millones, con cuotas mensuales de G. 239 millones, equivalentes a seis veces el salario presidencial. El exmandatario cumple prisión preventiva mientras es investigado por presuntos hechos de lesión de confianza y administración en provecho propio.

El Ministerio Público aguarda un equipo especializado para acceder a la estructura de seguridad encontrada durante un procedimiento en San Bernardino. Los investigadores no descartan nuevas diligencias, aunque por ahora no prevén allanar la residencia particular del exmandatario.

La bóveda, ubicada detrás de una pared secreta, tendría un sistema de alta tecnología con puertas de acero y mecanismos biométricos, como el reconocimiento del iris. Debido a su complejidad, los fiscales decidieron lacrar la propiedad y reunir información sobre su funcionamiento antes de intentar abrirla.

La fiscala coordinadora, Silvia González, afirmó que las diligencias son urgentes y que el equipo trabaja para avanzar con la investigación. Durante el allanamiento del domingo solamente se pudieron recoger documentos generales que podrían aportar datos relevantes a la causa.

Por otra parte, González aclaró que la vivienda particular de Peña no fue allanada, sino que se realizó una constitución para ejecutar una orden de detención ante un posible riesgo de fuga. El Ministerio Público descartó, hasta el momento, convocar al exmandatario para un eventual reconocimiento de iris, aunque no se descarta la posibilidad de llevar a la ex primera dama hasta la propiedad.

La acusación del caso A Ultranza Py describe operaciones financieras por entre USD 3,8 y 4,1 millones realizadas a través de empresas del Grupo Vázquez. Según el Ministerio Público, Alberto Koube habría utilizado préstamos, contratos de inversión y certificados de depósito para dar apariencia legal a fondos provenientes del narcotráfico.

La acusación fiscal del operativo A Ultranza Py detalla una serie de movimientos financieros realizados entre noviembre y diciembre de 2021, mediante los cuales Alberto Koube, señalado como operador de Sebastián Marset, habría introducido dinero de origen ilícito al sistema financiero. Las operaciones involucraron a Credicentro, IOIO Saeca y ueno Holding, empresas vinculadas al Grupo Vázquez. Según la Fiscalía, se utilizaron supuestos préstamos y contratos de inversión para justificar el origen de los fondos y simular operaciones comerciales legítimas.

Uno de los movimientos más importantes ocurrió el 28 de diciembre de 2021, cuando Koube habría gestionado dos préstamos de ueno Holding por USD 1.015.197 y USD 1.523.627, que posteriormente fueron colocados en Credicentro mediante contratos de inversión a nombre de Are Inversiones SA. Ese mismo día también se registró un certificado de depósito de ahorro por G. 1.300 millones a nombre de María Noelia Colmán, pareja del empresario. Previamente, el 11 de noviembre, se había realizado otra inversión superior a G. 10.000 millones en IOIO Saeca, respaldada, según la acusación, por un supuesto préstamo de Financiera El Comercio.

El Ministerio Público sostiene que estas operaciones respondían a instrucciones vinculadas a Marset, quien se encontraba detenido en Dubái, y buscaban dar apariencia de legalidad a ganancias del tráfico internacional de cocaína. Por estos hechos, Koube fue condenado a seis años de prisión en el marco de A Ultranza Py. La investigación también menciona una operación comercial entre el empresario y Miguel Vázquez, relacionada con la compra de una embarcación de lujo, cuya adquisición fue comunicada al Ministerio Público días después de la ejecución del operativo.