La precandidata a la intendencia de Asunción, Johanna Ortega, plantea su candidatura como parte de un proceso político que viene construyendo desde hace años. En la primera parte de la conversación, compartió una reflexión personal sobre cómo la maternidad la volvió más humana y más sensible frente a distintas realidades sociales.

Pero su discurso va más allá de lo emocional. Ortega asegura que quiere profundizar su compromiso político y asumir un rol de mayor responsabilidad en la gestión municipal. “Se puede hacer política también en minoría, desde la adversidad”, sostiene.

Uno de los puntos más decisivos de su propuesta es la intención de eliminar a los denominados “planilleros”. Ortega aclara que no se trata de despedir a funcionarios que cumplen funciones reales, sino de desmontar una estructura sostenida por favores políticos. En esa línea, cuestiona el sistema de intercambios que —según afirma— se instaló como modelo de gestión en Asunción y que hoy resulta insostenible tanto en términos financieros como institucionales.

La estructura municipal también está en la mira. Actualmente, la Municipalidad cuenta con 68 direcciones generales; para Ortega, ese número podría reducirse a la mitad sin afectar el funcionamiento. La reorganización, plantea, no solo implicaría eficiencia administrativa, sino también una demostración clara de compromiso con una gestión más transparente y racionalización del gasto.

En materia ambiental, la precandidata apunta a una modernización urgente del sistema de residuos. Considera que la recolección de basura en Asunción sigue operando bajo un esquema arcaico en comparación con ciudades de la región, donde existen contenedores distribuidos estratégicamente, separación de residuos y plantas de reciclaje que, además, generan empleo.

Como ejemplo concreto, menciona que en el Mercado de Abasto se desperdician diariamente alrededor de dos toneladas de residuos orgánicos, material que podría destinarse a un biodigestor para producir gas y abastecer las cocinas del propio mercado.
En el fondo, su crítica apunta a una cultura política que, según sus palabras, naturalizó la precariedad institucional: “Nos acostumbramos a que el municipio no nos dé nada”. Su propuesta, entonces, no solo abarca a la estructura municipal, sino también a la relación histórica entre ciudadanía y gestión pública.

En clave de campaña, Ortega afirma que le gustaría mostrar no solo lo que proyecta hacer, sino también lo que ya ha impulsado. Menciona iniciativas concretas como la iluminación de plazas y la recuperación de una cancha de fútbol abandonada mediante la instalación de iluminación. Subraya que estas acciones se realizaron sin recursos públicos, a partir de gestiones con personas comprometidas con la ciudad. Para ella, estos ejemplos buscan demostrar que es posible generar transformaciones cuando existe voluntad política y compromiso ciudadano.

En el plano institucional, señaló que si supera la encuesta prevista para el 21 y 22 de febrero, solicitará permiso sin goce de sueldo a la Cámara de Diputados para dedicarse exclusivamente a la campaña durante el periodo legal establecido. Según explicó, ejercer un cargo público implica un compromiso ético: si se percibe un salario del Estado, el tiempo debe destinarse plenamente a esa función. Actualmente, realiza actividades de precampaña durante su receso parlamentario.

Ortega también plantea que la disputa por la intendencia no debe leerse únicamente en términos de colores partidarios. Asegura que no se trata simplemente de “sacar al poder” a un sector para reemplazarlo por otro, sino de confrontar un sistema que —según describe— responde a una cúpula a distintos partidos y que prioriza intereses personales por encima del bien común. “Hay que romper esa estructura”, sostiene, marcando una posición que trasciende la lógica tradicional de oficialismo versus oposición.
En el fondo, cuestiona una manera de gestionar que acostumbró a la gente a esperar poco del municipio: “Nos acostumbramos a que el municipio no nos dé nada”. Su propuesta, entonces, no solo interpela a la estructura municipal, sino también a la relación histórica entre ciudadanía y gestión pública.